Reformar la ley de modelos de gestión enfrenta a PSOE y PP

El Congreso ha instado al Gobierno a analizar la gestión sanitaria regional y, según los resultados, abre la puerta a que se reforme la ley de modelos de gestión.


El PP se opone a esa posible reforma, con lo que la gestión vuelve a suponer un escollo para al Pacto de Estado.

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley planteada por Izquierda Unida por la que insta al Gobierno a que, mediante el Observatorio del Sistema Nacional de Salud (SNS) y sus órganos de Alta Inspección, elabore un estudio sobre los modelos de gestión sanitarios de las comunidades autónomas (ver DM del 12-XII-2008). Además, y en función de los resultados del estudio, abre la puerta a la reforma de la ley de modelos de gestión, lo que ha provocado el rechazo del PP.


Este nuevo enfrentamiento entre PSOE y PP por la gestión sanitaria podría ser un escollo para el Pacto de Estado por la Sanidad precisamente cuando se espera que en breve se abra el debate político para alcanzarlo. Esta confrontación no es nueva, pues en la pasada campaña electoral y en un debate organizado por Diario Médico, el secretario general del Ministerio de Sanidad, José Martínez Olmos, ya condicionó el acuerdo al cambio de los modelos de gestión de comunidades autónomas como Madrid.Mario Mingo, portavoz popular de Sanidad en la Cámara Baja, ha justificado el voto en contra de su partido "a que PSOE e IU muestran prejuicios ante los sistemas que se aplican en Madrid y Comunidad Valenciana, al tiempo que obvian los modelos de autonomías gobernadas por sus partidos, como Cataluña y Andalucía, en las que también se concierta la prestación de servicios sanitarios con la empresa privada.


El objetivo pretendido con la iniciativa es correcto y está dentro de las competencias del observatorio, pero el PSOE ha incluido un punto en la proposición en el que plantea la posibilidad de modificar la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre la habilitación de nuevas formas de gestión del SNS, una cuestión a la que nos oponemos porque de producirse algún cambio retrocederíamos en la organización del sistema sanitario".

Mingo considera que el trabajo es una oportunidad "para demostrar que Madrid ha optado por aplicar un sistema que favorece la calidad, la equidad y la seguridad de la asistencia que se presta a los pacientes y que la variedad de los modelos de gestión es constructiva para que las regiones intercambien buenas prácticas y optimicen los recursos".Pilar Grande, homóloga de Mingo en el PSOE, ha reconocido que algunas regiones gobernadas por su partido también conciertan servicios, "aunque no ponen en peligro la potestad de la Administración pública en la toma de decisiones sobre la salud de los pacientes, como puede suceder en Madrid".


También plantea la posibilidad de que la consejería madrileña "otorgue a las empresas privadas el poder de decidir dando prioridad al negocio frente a las necesidades de pacientes y profesionales", una situación que espera aclarar con los resultados del estudio. De comprobarse esta situación, los socialistas promoverán "justificadamente la modificación de la normativa".Suprimir la leyFinalmente, Gaspar Llamazares, presidente de la comisión de Sanidad del Congreso y diputado de IU, ha destacado la necesidad de conocer los resultados, "porque demostrará que el modelo público es más efectivo que el privado y comprobará si las regiones en las que se conciertan servicios respetan los valores sanitarios garantizados en la Ley General de Sanidad".
De no ser así, "pediremos la reforma de la ley, aunque en IU somos partidarios de su supresión".


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