La vida es un derecho, no una obligación

El miedo de muchos médicos a sufrir una persecución ha causado mucho dolor innecesario.

Ha bastado la noticia de que la Junta de Andalucía prepara una ley que garantice el derecho a una muerte digna para que se haya activado el debate: mientras unos abrigan la esperanza de ver llegar el alcance de la futura ley hasta la regulación de la eutanasia activa y el suicidio asistido, otros comienzan a desacreditarla desde antes de su nacimiento, achacándole unos supuestos contenidos que ya comienzan a presentar como abominables, con la probable intención de conseguir restricciones en su alcance que, en la práctica, hagan de ella un instrumento legal inútil para los ciudadanos.

Ejemplo de una ley con sólo apariencia de contenido lo tenemos en la llamada Ley de Testamento Vital de la Comunidad de Madrid, aprobada por el Partido Popular.
Esta norma reconoce formalmente el derecho a rechazar el encarnizamiento terapéutico y, más vagamente, el de recibir cuidados paliativos en situaciones vitales irreversibles.

El reconocimiento de estos derechos es superfluo porque ya lo estaban en leyes estatales anteriores, especialmente en la Ley 41/2002, conocida como ley de autonomía del paciente.

Lo que en realidad hace la normativa del PP es vaciarlos de contenido al hacerlos depender de la conciencia moral del médico que a uno le caiga en suerte, ya que el artículo 3º,3 reconoce el derecho a la objeción de conciencia del médico para negarse a cumplir la voluntad expresada.

De tal modo que si el moribundo tiene la desgracia de ser asistido por un seguidor del obispo emérito de Pamplona, además de ser sometido con toda probabilidad a métodos que prolongarán innecesaria y cruelmente su vida, le aplicarán ese falso e hipócrita principio de que mientras hay vida hay esperanza y objetará en conciencia el poner fin a tratamientos y medios extraordinarios que el paciente ha rechazado expresamente.

Está muy reciente el lamentable peregrinaje de Inmaculada Echevarría en busca de médicos dispuestos a entender que el cumplimiento del derecho que la ley reconocía a Inmaculada era parte de su obligación de asistencia al doliente.

Quienes hemos padecido la persecución más salvaje e injustificada por parte de las autoridades sanitarias de Madrid, por haber realizado una práctica de buen hacer médico -la sedación de pacientes terminales, es decir, el alivio del sufrimiento que la agonía comporta- tenemos la triste experiencia de cómo desde el poder y sus medios de difusión se pudo impedir intencionalmente este trascendental debate, sin importarles el efecto perverso de haber logrado restringir el auxilio médico en la muerte de las personas.

El miedo de muchos médicos a sufrir una persecución similar a la nuestra ha causado mucho dolor innecesario que alguien deberá pagar alguna vez.

Celebraremos la ley andaluza si finalmente logra ser un paso adelante en el reconocimiento legal efectivo del derecho de autonomía del paciente.
El reconocimiento de este derecho a la libre toma de decisiones que afectan a la propia vida y muerte es el núcleo de las preocupaciones éticas que desde siempre han acompañado al proceso de morir y más aún a las formas de prestar ayuda a ese inevitable proceso.

Frente al planteamiento confesional dominante, expresado reiteradamente por la jerarquía católica, que considera la vida un don divino irrenunciable y valora el sufrimiento hasta el grado de considerar aceptable la entrega dichosa al martirio, una parte de la población, cada vez más numerosa, que incluye a no pocos cristianos de base, pensamos que la vida es un bien, un derecho, pero no una obligación que llegue a alcanzar, en casos como el de Ramón Sampedro, la categoría de condena a la pena de vida.

Desde esta perspectiva laica, el derecho a decidir el fin de la propia existencia resulta evidente, como evidente es que ninguna divinidad bondadosa podría querer un castigo tan cruel para una de sus criaturas.

Quienes ven en la autonomía de la persona un peligro cierto de pérdida de poder sobre las conciencias están dispuestos a emprender cualquier cruzada por mantenerlo.Ojalá que la futura ley andaluza sea un paso real en el reconocimiento de derechos y el punto de partida de un debate social que consiga romper con siglos de sumisión de los derechos civiles a criterios religiosos que sólo son compartidos por una parte de la sociedad.

Luis Montes Mieza y Fernando Soler son médicos del Severo Ochoa de Leganés.
El Pais