Corren malos tiempos para la inmigración irregular en Europa.

No cometen ningún delito.
Huyen de la pobreza.
Vienen en avión como turistas, o se juegan la vida en un cayuco.
Alguno ha saltado la verja de Melilla.
Según la ley, cometen una falta administrativa, como una multa de tráfico.
Pero, durante un máximo de 40 días, estas personas son encerradas en centros que no son estrictamente cárceles, inquietan por su opacidad y no tienen reglas comunes.
Una especie de limbo en espera de la temida expulsión.

La gran fechoría de estos inmigrantes, ser ilegales, les lleva a un Centro de Internamiento de Extranjeros o CIE.
¿Cómo es posible que alguien termine detenido ("retenido" es el eufemismo legal) durante casi mes y medio por algo no mucho más grave que estacionar mal el coche?
Pues ocurre.
Y es legal, desde 1987, cuando el Tribunal Constitucional lo avaló.

El problema de España, sin embargo, es que adolece de una normativa detallada como sí existe en materia penitenciaria.
Cada CIE es independiente de otro.
Las normas las impone el responsable de turno, siempre una autoridad policial. "Las pone cada uno más o menos como puede", reconocían esta semana desde el sindicato policial SUP. "Hay una dispersión de las interpretaciones con respecto a las condiciones de internamiento.

No hay una unidad de criterio definida", asegura José Antonio Moreno, abogado experto en extranjería. Porque a diferencia de una cárcel, donde los presos los controlan funcionarios, en un CIE la custodia de los internos está encargada a la policía.
Y ésta, que no está entrenada para ese menester, aplica sus propios criterios de seguridad. Hay alternativas, modelos mejores.

El más elogiado es el francés, porque los internos son controlados por trabajadores sociales. La policía sólo se encarga del perímetro de los centros.Los que han estado encerrados en un CIE no lo recuerdan como unas vacaciones pagadas. En el de Carabanchel (Madrid), internos y ex internos, así como sus familiares, tienen quejas coincidentes. En las colas que se forman fuera del centro, auténticas torres de Babel, se lamentan en distintos idiomas y acentos de mala alimentación, frío, falta de atención médica y suciedad.
Cuestiones que niega, una por una, el Ministerio del Interior.(...)

Aunque España merece sus críticas, la situación en el resto de países de la UE tampoco es prometedora. Desde el Reino Unido, donde los centros los gestionan empresas privadas, a Grecia, donde se denuncia una falta absoluta de transparencia, higiene, información legal, asistencia médica e inspecciones independientes, o Italia, Holanda y Polonia, donde las condiciones de internamiento son duras y en un régimen similar al de una prisión.

O sea, que en todos lados cuecen habas.
Eso, sin embargo, no puede ser obstáculo para la crítica en nuestro territorio. El concepto de internamiento es cuestionado, a pesar de ser legal, desde Amnistía Internacional. "Son presos sin delito. Solo cometieron una falta administrativa.
Entendemos que los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras, pero con respeto a los derechos humanos, que se están menoscabando progresivamente.
La privación de libertad debe ser el último recurso.
Se deberían tomar otras medidas, como la presentación periódica en alguna oficina o impulsar el retorno voluntario", señala Virginia Álvarez, responsable de Política Interior.
El eurodiputado de IU Willy Meyer tampoco cree que la ley sea muy justa: "No puede haber ciudadanos en el limbo, detenidos de manera administrativa".

José Luis Rodríguez Candela, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, insiste en regular los CIE. "Lo llevamos pidiendo desde 1999.

No están fijados el tiempo de aislamiento y ante quién recurrirlo, el tiempo en el patio, si un interno necesita o no la visita del médico... Hay que definir un catálogo de infracciones y sanciones, regular los vis a vis..."

Los CIE son cárceles, se les llame como se les llame, pero sin regular: "No tiene sentido que tenga menos derechos un inmigrante que no ha cometido delitos que un preso".

Interior dice que todo es legal y que cualquier cambio se anunciaría "en su momento".

Y cambios va a haber. España aumentará el periodo de internamiento en los CIE.
Seguramente pase a ser de 60 días, aunque todavía se está estudiando. "No da tiempo, muchas veces, a completar los expedientes de expulsión", justifican.
Cuando eso pasa, la ley obliga a dejar libres a los inmigrantes. Y el Gobierno no quiere que ocurra.
Quiere poder expulsar a todos los ilegales que retiene.
El año pasado, 3.847 de los 50.318 interceptados cuando trataban de entrar irregularmente en España, casi un 8%, no pudieron ser expulsados.
Interior no facilita, sin embargo, cuántos se quedaron sin expulsar entre los que se detuvieron cuando ya estaban instalados en nuestro país.
El debate sobre los centros no se limita a España. El Parlamento Europeo votará el 5 de junio una directiva por la cual se aunarán criterios en la UE.

Por ejemplo, los inmigrantes podrían ser retenidos un máximo de seis meses ampliables a 18.
Esto significa poner límites a nueve países, que hasta ahora aplicaban periodos indefinidos, pero supone dejar las puertas abiertas a otros estados, entre ellos España, para endurecer sus normas en el futuro. No parece cercano, pero la reciente criminalización de los sin papeles en Italia no es un buen augurio para los que cruzan fronteras por hambre y necesidad. Ya es oficial, corren malos tiempos para la inmigración irregular en Europa.
ÁLVARO CORCUERA
El Pais