Las multinacionales y la Iglesia se lucran con la privatización de la sanidad en Madrid

MOVILIZACIONES POR UNA SANIDAD PÚBLICA


El proceso de privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid se radicaliza.

A la entrada de multinacionales y organizaciones religiosas en los hospitales se suma la privatización encubierta de algunos centros de atención primaria, el apoyo a las universidades privadas de Medicina y la reciente eliminación de la Dirección General de Salud Pública, encargada entre otras cuestiones de la prevención y los estudios de impacto de las obras o el tráfico sobre la salud.

Asociaciones vecinales, profesionales sanitarios y estudiantes de Medicina continúan movilizándose para frenar la inclusión de mecanismos de gestión privada en la sanidad pública, fórmulas probadas ya sin éxito tanto dentro como fuera del Estado.

MADRID : EL SECRETISMO PRESIDE EL DESMANTELAMIENTO DE LA SANIDAD PÚBLICA

Multinacionales y ONG de la Iglesia se benefician de la privatización de la salud
Felicia Barrio / Madrid

Tras meses de movilizaciones ciudadanas y profesionales en defensa de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, los partidos políticos de la oposición reaccionan ahora ante un turbio proceso de privatizaciones que viene de lejos.

El debate político en torno a la vertiginosa privatización del Sistema de Salud Pública madrileño está cobrando un tono grueso. A las recientes huelgas de facultativos, las regulares manifestaciones de los colectivos vecinales, sindicatos y grupos de pacientes y a la alerta avivada por los profesionales, la semana pasada se unieron las denuncias de la famélica oposición parlamentaria de Esperanza Aguirre. “Alerta máxima”, “escándalo”, “apoyaremos todas las movilizaciones”, sentenciaron los máximos dirigentes del PSOE e IU.

Tarde.
Han tenido que leer en los periódicos que, hace ya 18 meses, el Gobierno regional puso en manos privadas la asistencia hospitalaria urgente y programada, la atención especializada y los diagnósticos de laboratorio de la población de 14 zonas básicas de salud de la capital (unas 500.000 personas) y la noticia sobre la privatización de dos ambulatorios (Pontones y Quintana) para descubrir que el avanzado estado de descomposición en que se encuentra la sanidad en la región no concluía con la privatización de la gestión de los hospitales, sino en la Atención Primaria (AP).

Primera consecuencia : el reciente cierre de los laboratorios del centro de especialidades de Pontones, cuya labor pasará a realizar una firma privada.

En una región donde el PP es el partido más votado desde 1991, no debería alarmar a nadie la celeridad con que los últimos consejeros de Sanidad, Manuel Lamela y Juan José Güemes, ceden a manos privadas lo que es del común.

Es la clandestinidad de sus decisiones lo que chirría del Gobierno Aguirre, las cuales ni siquiera somete al dictamen amigo de la Asamblea regional.

Y si la oposición llora cuando se hace eco de la prensa, los 700 trabajadores del Instituto de Salud Pública se enteraron por el Boletín Oficial de la CM del pasado 9 de abril de la desaparición del organismo que durante 30 años se ha encargado, entre otras funciones, de medir los niveles de contaminación ambiental o la potabilidad del agua, que lidió con la crisis de las ‘vacas locas’, la legionela o los brotes de meningitis.

En un contexto de saturación de los hospitales públicos, endeudamiento acusado, caos en la AP y déficit progresivo de facultativos por la huida de médicos a la sanidad privada y comunidades limítrofes, el reparto del pastel sanitario encuentra dos destinatarios : las multinacionales y las ONG religiosas.

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